¿Y la justicia?

La trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de individuos que bajo amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción, son «usadas» con fines de explotación sexual, laboral, de servidumbre o extracción de órganos, define el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Este delito es considerado la esclavitud del siglo XXI.
Se estima que 87 por ciento de las víctimas de trata de personas son utilizadas para el comercio sexual, y, de éstas, 90 por ciento son mujeres y niñas. Los tratantes aprovechan algún descuido de sus padres para fotografiar y exhibir imágenes de niñas en internet, para después raptarlas, a otras mujeres les ofrecen un empleo o posibilidades de mejorar su nivel de vida o las «enganchan» a través de un tratante que se convierte en su novio para ganar su confianza y después prostituirlas, muchas otras son secuestradas.

Violencia genérica
Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, ha informado en diversos foros que la prostitución ya está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres, y este tipo de violencia es la manifestación más cruel de la discriminación y la desigualdad que padece sistemáticamente la mujer en el ámbito público y privado. Nuestro país está moralmente obligado a hacer propios los compromisos internacionales adquiridos a través de la ratificación de los siguientes tratados: La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena, Austria; el programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; la Plataforma de Acción de Beijín, China; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y el protocolo Facultativo de la CEDAW, cuyos objetivos son salvaguardar los derechos y libertades de hombres y mujeres.
Sin embargo, la realidad es otra. Ulloa Ziaurriz denuncia que en el sexenio del presidente Vicente Fox Quezada creció en «mil por ciento la trata de mujeres y la explotación sexual infantil». Cada año –dice la activista– se trafican alrededor de 250 mil mexicanas a varias partes del mundo, situación que ubica a nuestro país en el quinto lugar en América Latina en tráfico de mujeres. Además ocupa el quinto lugar, a escala internacional, en producción de pornografía infantil y el tercero en consumo.
Tijuana, por ejemplo, es uno de los centros de operación de redes de tratantes con mayor afluencia. A esta ciudad fronteriza llegan cada semana cientos de niñas y mujeres para ser forzadas a prostituirse. Provienen de casi toda la República mexicana y de más de 10 países de este continente, Europa, incluso Asia. Pero Tijuana no es la única ciudad donde existen este tipo de negocios ilícitos. No se exagera al decir que México se ha convertido en un «paraíso» para la trata de personas y explotación sexual comercial infantil. En la actualidad, cerca de 40 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual, sobre todo en zonas turísticas, como Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Tapachula, entre otros.
La investigadora Beatriz Ortiz, de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe, asegura que la mitad de los 10 mil niños en situación de calle en el Distrito Federal ha sido utilizada para producir pornografía infantil o forzada a prostituirse. El escenario se complica aún más para todas estas víctimas, cuando autoridades de primer nivel y empresarios multimillonarios protegen a los pederastas y, en contubernio, hostigan, persiguen, amenazan e incluso encarcelan a quienes se atreven a denunciar estos delitos. Así lo demuestran las conversaciones entre Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, en donde el «rey de la mezclilla» agradece al «gober precioso» por darle un «coscorrón» a la periodista, escritora y activista social Lydia Cacho. Más aún, en noviembre pasado escuchamos asombrados e indignados cómo la Suprema Corte de Justicia desechó la investigación sobre pornografía infantil y redes de pederastia relacionadas con el caso antes citado y exoneró al gobernador de Puebla de violar «gravemente» las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del edén. Parafraseando al escritor Eduardo Galeano, la justicia en nuestro país está vuelta «patas pa´rriba». Ω